El asesino confeso de Luis Donaldo Colosio promovió un amparo para que se investigaran agresiones en su contra, pero la Fiscalía no halló indicios.
En respuesta a un amparo promovido por Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, la Fiscalía General de la República (FGR) declaró que no se encontraron elementos probatorios de algún acto de tortura cometido por servidores públicos durante su traslado al Penal del Altiplano el 23 de marzo de 1994.
La resolución fue obtenida y compartida por la periodista Laura Sánchez Ley. El documento refiere que el 21 de noviembre de 2023 la FGR “determinó el No Ejercicio de la Acción Penal”.
La investigación de la FGR se sustentó en testimonios de los servidores públicos que participaron como “aprehensores” y custodiaron a Mario Aburto desde su arresto hasta su entrega en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, mejor conocido como el Penal del Altiplano, así como en las declaraciones de la víctima.
“No se logra acreditar que los servidores públicos [...] hayan realizado una acción dolosa, tendiente a infligir dolores o sufrimientos graves ni físicos ni psíquicos a Mario Aburto Martínez”, puede leerse en el dictamen citado por la periodista.
Para el 28 de noviembre de 2023, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH) agendó una visita al Cefereso No. 12 en Ocampo, Guanajuato, para notificar la resolución a Aburto Martínez. Sin embargo, acorde con reportes a los que Laura Sánchez Ley tuvo acceso, él se negó a aceptarla.
Por su parte, la jefa del Departamento de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública calificó la actuación de la Fiscalía como una simulación.
“Dichas constancias no constituyen un soporte documental suficiente para acreditar que la investigación de mérito se integró con una debida diligencia y que el cumplimiento aludido por las responsables es simulado”, escribió la abogada Itzel Hernández Romero en un pronunciamiento.
Cabe recordar que fue precisamente por el delito de tortura que la FGR reabrió este caso en febrero de 2023.
Mario Aburto alegó que había sido víctima de actos de tortura para rendir su declaración luego de ser detenido, por lo que sus abogados Xavier Alfonso Carvajal Machado y Marco Antonio Mackliz Mercado fueron citados en las instalaciones de la FGR en Tijuana en aquel mes.
Las conclusiones de la Fiscalía se dieron a conocer en medio del revuelo que el Caso Colosio ha provocado, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazara indultar a Mario Aburto y la FGR reviviera la hipótesis de que Jorge Antonio Sánchez Ortega —agente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional— habría participado como un segundo tirador en el magnicidio.
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