Pese a que AMLO prometió el rescate, los trabajos para entrar a la mina están parados y el dueño sigue impune, acusan las familias.
Se cumplen 18 años de una de las tragedias más dolorosas en la región carbonífera de Coahuila, al norte de México. Cerca de las 02:00 horas del 19 de febrero de 2006 debido a la nula ventilación y fallas de seguridad en la mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos se generó una fuerte explosión por acumulación de gas metano que dejó atrapados a 65 de los 73 mineros que laboraban en el tercer turno.
La mina se ubica en el municipio de San Juan de Sabinas y es propiedad de Grupo México de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de nuestro país cuya fortuna en 2024 asciende a 35 mil 900 millones de dólares. Irónicamente, el rescate quedó a cargo de la empresa que los mantenía trabajando en condiciones deplorables y, en abril de 2007, ésta suspendió las labores tras solo haber recuperado dos cuerpos argumentando que estaban en riesgo los rescatistas.
La Secretaría de Fomento Económico de Coahuila afirmó en su momento que Pasta de Conchos “era una de las minas más tecnificadas y más seguras”, basándose en un informe que Grupo México entregó en el que aseguraba que contaba con ventilación eficiente, detectores/medidores de metano y otros gases, entre otras medidas de seguridad.
Las condiciones precarias en que laboraban los mineros
Sin embargo, la tragedia en Pasta de Conchos y otras anteriores en la región carbonífera de Coahuila ya habían sido denunciadas por el Equipo Nacional de Pastoral Laboral. En el caso concreto de la mina 8 ya había informes previos sobre la falta de ventilación, que los trabajadores no contaban con equipo de seguridad, que además de estar subcontratados con salarios de apenas 110 pesos diarios, se les hacía trabajar en ‘pocitos’, o sea, minas de carbón semi-clandestinas que no son inspeccionadas.
Un informe del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) muestra imágenes del interior de la mina 8 de Pasta de Conchos proporcionadas por Pastoral Laboral en las que se aprecia que las vigas de acero están deformadas debido a que soportaban mucho peso, además de que éstas sólo estaban sostenidas por ‘pilares’ de madera, los cuales antes eran de metal pero fueron sustituidos por madera.
A lo largo de los pasadizos, tampoco se aprecian muros que puedan contener derrumbes y se pudo confirmar que sólo había en la entrada a la mina (bocamina). “Todo el resto de la mina jamás tuvo ni esos muros ni los emparrillados que sirven para formar el “cielo” o techo de la mina, ni emparrillados en las paredes de los cañones ni vigas que sirvieran de separadores entre ademe y ademe para evitar que se desplomara”, sostiene el informe del centro dependiente de la Cámara de Diputados.
Entre otras otras irregularidades, los activistas y peritos también encontraron al interior equipo eléctrico que en ese momento estaba prohibido por la normatividad mexicana: transformadores de la marca Service Machine con más de 20 años de antigüedad, por lo que sus refacciones ya estaban descontinuadas y los mineros eran quienes tenían que ingeniárselas para arreglar cuando alguno de estos fallaba.
La promesa de rescate que lleva tres sexenios
El accidente en Pasta de Conchos ocurrió ya en la recta final del mandato de Vicente Fox Quesada, quien nunca visitó la mina para “no interferir en las labores de rescate con vida de los 65 trabajadores”, y quien se negó a recibir a los familiares, aunque tras la tragedia su vocero Rubén Aguilar salió a decir a los medios que se investigarían a fondo las causas del accidente.
Luego vino la nula intención de rescate en las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, lo que incluso llevó a las familias a presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y la esperanza de por fin recuperar los cuerpos llegó nuevamente con el primer gobierno de izquierda, el de Andrés Manuel López Obrador. Han pasado cuatro presidentes pero ninguno ha rescatado a los 63 de 65 mineros que murieron en la mina 8.
Pasta de Conchos cerró definitivamente en noviembre de 2018. Grupo México dio a conocer que la bocamina había sido sellada con concreto armado y tepetate para que nadie pudiera romperlo; la empresa de Germán Larrea argumentó que con ello se buscaba evitar que se convirtiera en una ‘cámara explosiva’ debido a la acumulación de oxígeno y otros gases. La noticia no fue bien recibida por los familiares y defensores de las familias de las víctimas, pero hasta este momento, acusan que el multimillonario continúa impune por la muerte de los 65 mineros y las lesiones de por vida que tuvieron los ocho que lograron salir.
“Los trabajos para sellar las rutas de acceso y los tiros inclinados y verticales de la mina, así como de los barrenos de ventilación, fueron construidos para no volver a abrir la mina nunca más; querer romperlos, sería exponer la vida de todos los que quieran intentarlo”, se lee en el comunicado de Grupo México.
Apenas el 13 de febrero, la organización Familia Pasta de Conchos, formado precisamente en 2006 a raíz del accidente, denunció que los trabajos de rescate anunciados por AMLO en enero de 2024 cuando visitó la mina, habían sido cancelados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debido al incumplimiento de la empresa KYA, la cual ya había fallado anteriormente en el rescate. “Luisa Alcalde, cumplan su promesa; saquen a KYA del rescate”, exigieron las familias y activistas en redes sociales.
Andrés Manuel López Obrador no se pronunció este 19 de febrero por el 18 aniversario de la tragedia de Pasta de Conchos, pero las viudas, hijos, hermanos y activistas que les han acompañado a lo largo de este tiempo, han hecho un llamado para concentrarse este día en el Antimonumento +65 instalado en 2018 sobre Paseo de la Reforma, frente a la Bolsa Mexicana de Valores, como una protesta permanente de reclamo, justicia y rescate.
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